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FERROL360 | Lunes 30 mayo 2016 | 21:14
Ricardo García-Borregón, que ocupó el cargo de directo xeral de Conservación da Natureza en la Xunta de Galicia durante el año 2011, declarará el próximo lunes 6 de junio en calidad de investigado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela por un supuesto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, prevaricación y falsedad documental, por autorizar supuestamente el dragado de la ría de Ferrol con el objetivo de aumentar su calado para facilitar la entrada de gaseros a la planta regasificadora.
Junto a él comparecerán también como investigados el que fuera subdirector xeral de Espazos Naturais e Biodiversidade, Rogelio Fernández Díaz; el entonces jefe del servicio de Análisis e Proxectos, Javier Turrillo Montiel, y el jefe de servicio de Conservación da Natureza en la Delegación Provincial de la Xunta en A Coruña en aquel momento, Carlos Múñoz.
Todos ellos ocupaban estos cargos cuando el actual portavoz del Grupo Municipal del PP en Santiago de Compostela, Agustín Hernández, dirigía la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
Denuncia de ADEGA
La entidad ecologista ADEGA presentó en ese momento una denuncia por la autorización del dragado, que fue admitida y ha derivado en una investigación por parte de la Fiscalía ambiental del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Denunciaban el uso de una draga entre octubre y noviembre de 2011 en los fondos de la ría ferrolana, un espacio incluido en la ZEC de la Costa Ártabra, Rede Natura 2000. Según los ecologistas, después de comenzar el dragado «cociñaron» una autorización ambiental «fraudulenta», basada en un supuesto informe técnico «que non figuraba no expediente».
«Logo de rematadas as obras, e tras as xestións do Valedor e a Fiscalía pola denuncia de ADEGA, apareceu o informe que, curiosamente, recomendaba a non execución do proxecto polos seus impactos ambientais. O xusto colofón a unha desastrosa xestión dos espazos naturais galegos», critican desde la entidad.
ADEGA confía en la labor de la Justicia y pone sobre la mesa que este caso «representa a paradoxal culminación da desastrosa xestión da biodiversidade e dos espazos naturais acontecida nos últimos anos».
