La primera junta sobre Endesa abre la puerta a una central híbrida y a retirar el céntimo verde

ÁLEX PITA / DAVID MOSQUERA | Madrid | Miércoles 2 octubre 2019 | 17:15

La primera reunión entre el Ministerio de Transición Ecológica, Endesa y los trabajadores afectados ante el inminente cierre de la central térmica de As Pontes ha terminado sin acuerdo, pero con el compromiso de estudiar fórmulas que aseguren la viabilidad de la misma.

Las posturas siguen lejanas y a la espera de si se mantendrá o no la huelga general convocada en la localidad para el próximo 16 de octubre. A la reunión asistieron todos los actores sociales.

Estuvo la ministra en funciones, Teresa Ribera, junto al secretario de Estado, José Domínguez Abascal; el conselleiro de Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia, Francisco Conde; el alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, o el presidente del comité de empresa de Endesa en As Pontes, Luis Varela.

También acudieron el presidente del colectivo de transportistas del carbón, Manuel Bouza, o el consejero delegado de Endesa, José Bogas. Todos ellos coincidieron en el mismo mensaje, el compromiso de todos los actores principales para encontrar un punto de unión.

Sin embargo, desde la Xunta lamentaron que el Gobierno asistió a la reunión «sin ningún tipo de propuesta», mientras que el alcalde de As Pontes resaltó que Endesa necesita «tiempo para seguir la hibridación con sus pruebas con otros combustibles y tiene que ver esas conclusiones».

Para Valentín González Formoso, «se tienen que ir activando todos los mecanismos que garanticen el empleo para los trabajadores». Desde la Xunta se ha pedido al Gobierno la eliminación del céntimo verde, algo en lo que están de acuerdo el propio Ejecutivo y el regidor pontes siempre que se alcance la «conclusión de si retirándolo la central va a poder operar».

En palabras de Valentín González Formoso, «retirarlo por retirarlo tampoco tiene sentido». El alcalde de As Pontes ha destacado que están «todos con el corazón en un puño, también la propia empresa», y ha pedido que se activen «todos los mecanismos que garanticen el empleo para los trabajadores».

Su mensaje ha sido conciliador pero realista al afirmar que se debe «ser muy prudente con el escenario, francamente difícil; en algún momento de la reunión se habló de pesimismo», pero ha aludido a la intención de «todos los implicados para estudiar la viabilidad de la propia central con otros combustibles».

Entre esas medidas, ha adelantado que se han puesto en marcha grupos de trabajo de cada uno de los actores implicados en la reunión para encontrar soluciones y que tanto los técnicos del Ministerio como de las universidades gallegas se implicarán en el estudio para encontrar un futuro viable a la central.

Además, ha enviado un mensaje muy claro: «No queremos crear falsas expectativas, hay que tener certeza de viabilidad». Este proyecto de futuro coincide con la idea de la Xunta para la central. El conselleiro ha sido tajante al sentenciar que Galicia «no aceptará una ruptura energética».

En cuanto a los representantes de los trabajadores, se han marchado más optimistas que a su llegada, pero celosos de haber recibido falsas promesas. El presidente del colectivo de transportistas del carbón, el sector más afectado en la actualidad, Manuel Bouza, ha destacado que se «han prometido cosas y ya se verá si son ciertas».

«Que haya una oferta aún no quiere decir nada», ha dicho. Mientras, el presidente del comité de Endesa en As Pontes, Luis Varela, ha pedido celeridad a los actores implicados ya que los trabajadores afectados «no pueden esperar más para tener una solución».

Las protestas de los trabajadores afectados comenzaron este martes con una caravana procedente de As Pontes que tardó cerca de cuatro horas en alcanzar los principales accesos a la ciudad de A Coruña. En torno a 800 familias dependen de forma directa de la actividad del recinto en la villa, de unos 10.000 habitantes.

La decisión de Endesa afecta a todas las centrales de carbón, incluidas también la de Litoral (Almería), junto con los otros cierres ya aprobados de Andorra (Teruel), Alcudia (Baleares) y Compostilla (León), y provocaría la desindustrialización en el área de Ferrol.