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La Valedora do Pobo avala la queja de Cáritas Ferrol por negar la tarjeta sanitaria a menores migrantes

Personas migrantes en el grupo de aprendizaje de español de Cáritas en su quedada por Navidad (foto: redes sociales entidad)

FERROL360 | Jueves 11 enero 2024 | 16:09

La Valedora do Pobo ha avalado la denuncia de Cáritas Mondoñedo-Ferrol contra los protocolos de la Consellería de Sanidade que niegan la expedición de la Tarxeta Sanitaria a los menores extranjeros que viven en Galicia cuando llevan menos de tres meses. Así lo ha hecho público la entidad social, que interpuso una queja dirigida a la Jefatura Territorial de Sanidade de A Coruña en el Defensor del Pueblo.

Explican que estos menores, cuando llevan menos de 90 días, se considera que están realizando una estancia y no una residencia, algo que impide su acceso a la sanidad pública cuando se trata además de niños y niñas en situación vulnerable por una cuestionable interpretación de la legislación vigente. Alega Cáritas que el Real Decreto garantiza la universalidad del derecho a la protección de la salud a todas las personas que se encuentren en el Estado español, independientemente del tiempo que lleven.

«No estamos frente a una situación que comprometa al sistema ni que se haga un mal uso del mismo, sino ante una posible negación de asistencia sanitaria a personas en situación vulnerable, especialmente mujeres y niños, que no pueden acreditar que se encuentran en España desde hace más de 90 días, pero que si se encuentran en condiciones sociales precarias y sin recursos para hacer frente a los gastos sanitarios que precisan (procesos de embarazo y otros)», ha concluido la Valedora.

Cáritas Diocesana Mondoñedo-Ferrol acompaña a más de 4.000 personas en el acceso a sus derechos anualmente, de los un 45 % son migrantes y algo más del 25 % son menores, explica la entidad, valorando su secretaria general, Marta Pazo, que «esta valoración por parte de la defensora del Pueblo constituye un gran paso para instar a las administraciones, y en este caso, a la Conselleria de Sanidade, a que actúe como garante de los derechos de todas las personas».

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