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Operación Pokémon: La jueza pide a PP, PSOE y BNG de Ferrol y al Concello datos sobre donaciones

FERROL360 | Martes 24 junio 2014 | 22:38

La jueza Pilar de Lara, instructora de la Operación Pokémon, ha requerido a las agrupaciones ferrolanas de PP, PSOE y BNG sus libros de contabilidad y sus datos contables para analizar las donaciones recibidas en mayo y junio de 2011. Fue en el primero de esos meses cuando se celebraron las últimas elecciones municipales.

Según informa la agencia Europa Press, la magistrada ha trasladado esta solicitud a las sedes de esos partidos en Ferrol, A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela, Ribeira y Boqueixón, además de a la de Terra Galega en Arteixo. De este modo, tendrán que facilitar a agentes de Vigilancia Aduanera dichos datos, además de la identidad de los responsables de las cuentas bancarias en aquel entonces.

De Lara también ha reclamado al Tribunal de Cuentas toda la información disponible sobre esas donaciones y a las compañías telefónicas documentación sobre las líneas de los últimos imputados, caso del alcalde de Ferrol y presidente de la Fegamp, José Manuel Rey Varela, y la exconcejala socialista Mercedes Carbajales.

Concello de Ferrol

Por último, insta al Concello de Ferrol -también a los de Verín y Ribeira- un informe sobre los concursos públicos en los que participasen firmas del Grupo Vendex desde 2010 y en torno a los contratos vigentes o finalizados desde ese mismo año. La jueza pretende aclarar si los fondos recibidos por políticos tenían como destino final la financiación de sus partidos.

En un auto que recoge Europa Press, se estima que Vendex diseñó una política empresarial encaminada a lograr adjudicaciones públicas gracias a sobornos. Así, cita la contratación de personas recomendadas, el pago de dinero o la entrega de regalos a cargos municipales, otros dirigentes políticos o funcionarios.

Afirma que José María Tutor, delegado de Vendex en Galicia, y Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, responsable estatal, realizaron pagos de elevadas sumas de dinero a cargos institucionales o políticos sin causa justificada lícita aparente. La magistrada resalta en su documento que no consta si los pagos se efectuaron a título particular o si se trataba de donaciones ilícitas efectuadas al partido al que pertenecían los beneficiados.

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