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PSOE, AGE y BNG piden que la Xunta mueva ficha para lograr el dique de Ferrol

FERROL360 | Jueves 7 agosto 2014 | 14:40

Tres formaciones de la oposición han reiterado este jueves sus críticas ante la negativa europea al proyecto de dique flotante para Ferrol, coincidiendo en la necesidad de que la Xunta de Galicia negocie medidas que permitan su construcción. Así, el grupo de AGE en el Parlamento Europeo ha estimado que la respuesta de Bruselas es «inaceptable» y les provoca un «fondo malestar».

La coalición «segue constatando a complicidade» entre Xunta, Gobierno central, SEPI y Comisión Europea para «impedir o acceso» de Navantia al mercado de reparación de grandes buques. Reitera que la situación de crisis en Ferrol es «ben coñecida e endémica» a partir de los años ochenta, por lo que censuran «esta nova lesión» a los intereses de la comarca.

Por su parte, la parlamentaria autonómica del BNG Tereixa Paz ha lamentado que Alberto Núñez Feijoo participase en una «bufonada», aludiendo a un acto social en el que intervino esta semana, en lugar de «prantarse en Madrid» para defender el naval público ante Bruselas. Preguntada en rueda de prensa, sostuvo que el Gobierno gallego está tomando una decisión «política e non de carácter técnico».

«Inténtase vender que hai outras alternativas ao ermo industrial que estamos a padecer», aseguró, para criticar las «promesas» del PP, que «agora de repente deixaron de ser unha prioridade». Para Paz, Feijoo y el conselleiro de Industria demuestran «a caricatura» que es actualmente la Xunta de Galicia.

Por último, Carmen Gallego, viceportavoz del PSdeG-PSOE en O Hórreo, acusó a Feijoo de «rirse dos galegos» y de «traizoar» a Galicia buscando «subterfuxios» ante la renuncia al dique. Gallego afirmó que el Ejecutivo «ríndese e renuncia» a buscar vías alternativas porque «non quere asumir» el proyecto.

A su juicio, se «condena» a una comarca, algo que tendrá «graves consecuencias» para el naval gallego. La diputada cree que la respuesta comunitaria es la «escusa perfecta» que buscaba la Xunta, la cual «practicamente pediulle a Bruxelas que rexeitara a obra como unha axuda pública», indicó.

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