San Sadurniño destinará 94.000 euros a demoler una vivienda por orden judicial

FERROL360 | Viernes 6 febrero 2015 | 15:52

El alcalde de San Sadurniño, Secundino García Casal (BNG), ha anunciado este viernes en rueda de prensa que el Concello dará cumplimiento a una sentencia que obliga al municipio a demoler una vivienda de O Cochón. La decisión judicial conocida en enero, indica el consistorio, anula una licencia concedida en el año 2002.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ferrol exige reponer los terrenos a su estado original tras invalidar la licencia el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. García Casal asegura que se le ha advertido de la imposición de multas coercitivas y de posibles responsabilidades penales si no cumple el acuerdo antes de dos meses.

Así, el Ayuntamiento contratará de inmediato los trabajos de derribo. El proceso arranca en 2001 al pedirse licencia para construir una vivienda en una parcela situada en terrenos de una comunidad de propietarios, de la que formaba parte uno de los solicitantes y otras cuatro personas. Quedó en espera la petición mientras la parcela no tuviese comunicación con la vía pública.

La solución llegó con la cesión al consistorio de una parte de los terrenos de los caminos interiores de la propiedad conjunta para que se concediese la licencia al convertirlos en bienes públicos. La alcaldía la otorgó en el verano del 2002. Sin embargo, otro integrante de la comunidad solicitó la paralización en octubre de ese año por considerar ilegales los trabajos.

Cesión

Alegó que la cesión de caminos no se acordó por unanimidad en la comunidad, como exige la ley, y que no estaba de acuerdo. El Concello insistió en la legalidad del permiso, mientras el demandante reclamaba que los terrenos volviesen a su estado inicial. En 2003 sería admitido a trámite un recurso del comunero ante los juzgados ferrolanos, que resolverían a su favor en febrero del 2006.

Por entonces, la construcción ya estaba terminada y, aunque anulaban la cesión de caminos y la licencia de obra, no se referían a la legalización de la vivienda, desestimando la petición de derribo. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia también le daría la razón, esta vez en mayo del 2008, con una sentencia firme que especificaba la demolición y devolución de la parcela al estado original.

Aunque el Ayuntamiento inició en 2009 un expediente para regularizar la cesión de caminos y evitar el derribo, el juzgado remitió notificaciones contrarias a esta postura. La última data del 16 de enero pasado y ya advierte de multas coercitivas y exigencia de responsabilidades penales si no cumple la demolición en el plazo de dos meses.

El gobierno local ha tenido que esperar a la entrada en vigor de sus presupuestos para contratar los trabajos, que la arquitecta municipal ha presupuestado en algo más de 94.000 euros. Secundino García Casal ha pedido que se depuren responsabilidades al estimar que los vecinos no deben pagar por estos hechos.