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REBECA COLLADO | Ferrol | Martes 12 septiembre 2017 | 13:33
La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO) acusa al Concello de Ferrol de estar cometiendo un «incumplimiento muy grave» de la ley de Seguridad Privada por emplear a personas que no cuentan con la habilitación o acreditación correspondiente para este servicio e indica que se ha informado de esta situación a la autoridad competente.
Desde el sindicato afirman que «el Concello habría contratado de forma directa conserjes para cubrir las funciones de seguridad privada en los turnos que no se dispone de vigilantes» en las instalaciones de FIMO y Portanova. Añaden desde USO que entre esas funciones se encuenta «el visionado del circuito cerrado de televisión (CCTV) situado en el cuarto de seguridad del centro comercial».
El concejal de Seguridade, Álvaro Montes, ha contestado a estas acusaciones asegurando que «o Concello está facendo os servizos de vixiancia coa Policía Local» y ha remarcado que «os servizos de apertura e peche do centro se realizan co servizo propio de conserxería, que é o que ten esas funcións. Non están facendo ningún tipo de funcións de vixiancia quen non ten as competencias para facelo».
Montes ha recriminado a USO que mantenga una comunicación directa con el Concello y ha señalado que «nunca se poñen en contacto nin con a área de Seguridade e Tráfico, nin coa área de Patrimonio, nin con Alcaldía, en ningún caso, excepto nas reunións que tivemos e que convocamos nós ao conxunto dos traballadores».
El edil ha anunciado que va a salir el pliego nuevo del contrato para la vigilancia de FIMO y Portanova por un año, así como el contrato global de seguridad de las instalaciones municipales. En el momento en el que se adjudique el segundo el primero quedaría ya englobado en este contrato, ha explicado Montes.
Por su parte, USO recalca que en todo caso «el conflicto del personal no solo continua, si no que ahora, ven como son relevados por un personal de seguridad ilegalque les envía el propio Concello». Las sanciones por la contratación de trabajadores no habilitados, ni cualificados para funciones propias del personal de seguridad contemplan con multas de a partir de 30.000 euros, señalan desde USO.
